Gobierno contrata al bufete Greenberg Traurig para batalla legal contra Crystallex en EEUU
El mundo lo dice todo 
El Gobierno de Venezuela contrató al bufete estadounidense Greenberg Traurig para asumir su representación en el litigio relacionado con la minera Crystallex, un proceso judicial que involucra a más de una docena de acreedores que reclaman compensaciones por expropiaciones ejecutadas por el Estado venezolano.
De acuerdo con Reuters, la información fue dada a conocer este jueves 10 de junio por la firma que ejercía previamente la defensa del país ante un tribunal de apelaciones de Estados Unidos.
Los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye lideran ahora el equipo legal venezolano en el caso, según indicó esta semana la procuradora general de Venezuela, Arianny Seijo, en una carta enviada al bufete Munger, Tolles & Olson, que solicitó a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos ser relevado de la representación del país.
El relevo en la defensa ocurre después de que Washington reconociera oficialmente en marzo al gobierno encargado encabezado por Delcy Rodríguez.
«La decisión del presidente (de EE. UU.) de reconocer a una parte como el único jefe de Estado de un gobierno extranjero es concluyente y vinculante para los tribunales», declaró Munger, Tolles & Olson ante la corte, citado por la agencia de noticias.
Venezuela ha realizado cambios en su representación legal en distintas jurisdicciones durante los últimos meses, especialmente en casos de alto perfil en Estados Unidos relacionados con reclamaciones de pago y compensaciones pendientes, mientras el país intenta avanzar en una estrategia para atender sus compromisos de deuda.
En contexto
A comienzos de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autorizaba ciertos servicios legales, financieros y de consultoría al Gobierno de Venezuela en el marco de la reestructuración de su deuda.
La autorización permite la prestación de servicios legales, de asesoría financiera y de consultoría que sean incidentales y necesarios en relación con una eventual reestructuración de deuda del Gobierno de Venezuela, incluyendo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como de las entidades en las que esta empresa estatal posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50 %.
La licencia precisa además que los servicios autorizados incluyen la evaluación, desarrollo y preparación de opciones de reestructuración de deuda, así como propuestas y materiales de apoyo relacionados con dicho proceso.
La medida quedó establecida en la Licencia General 5W, que sustituyó a la Licencia General 5V emitida en marzo de este año.
El documento autoriza determinadas operaciones relacionadas con los bonos Pdvsa 2020 al 8,5 %, pero mantiene las restricciones previstas en el régimen de sanciones vigente y en otras disposiciones federales estadounidenses.
La protección impide que los acreedores ejecuten las garantías sobre las acciones de PDV Holding, empresa matriz de Citgo, evitando así la incautación o venta forzada de la refinería.
La OFAC ha venido emitiendo sucesivas licencias con el propósito de permitir ciertas transacciones relacionadas con este bono, al tiempo que evita que los acreedores ejecuten las garantías asociadas, lo que implicaría tomar control y vender acciones de Citgo sin supervisión del Tesoro estadounidense.
Fue en el año 2016 cuando el gobierno de Nicolás Maduro emitió más de 1 000 millones de dólares en deuda por medio de bonos de Pdvsa con vencimiento en 2020 y puso como garantía el 50 % de las acciones de Citgo.
El Ejecutivo emitió los bonos sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional de 2015, controlada en ese entonces por la oposición.
Venezuela se encontraba, en aquella época, en una grave crisis de recesión e hiperinflación, y además sancionada por EE. UU., por lo que el flujo de caja se hacía cada vez más pequeño. En consecuencia, el gobierno cayó en default con los bonistas, quienes están reclamando el pago de sus papeles en efectivo o con las acciones de Citgo, que actualmente están protegidas por la OFAC.
El impago de la deuda haría que los tenedores se queden con el control mayoritario de la compañía.
